¿Por qué el NO a la PAZ en Colombia?

JUAN TURANZA

El artículo 2 de la Constitución colombiana reza: “Son fines esenciales del Estado [..] asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”. Paz y justicia se convierten en pilares fundamentales de su carta magna convirtiendo al Estado en garante de estos derechos. No obstante, este equilibrio entre ambos términos se rompió en la jornada de ayer siendo colocados en una balanza a modo de consulta popular.

Con un margen muy estrecho (50’24% NO, 49’75% SI) los colombianos se negaron a aceptar la propuesta de paz entre el gobierno y las FARC. Rechazaron poner fin a cinco décadas de enfrentamiento armado que se traducen en 200 mil muertos documentados, más de 25 mil desapariciones forzosas, amén de miles de desplazados y víctimas de abusos sexuales y secuestro según el Centro Nacional de Memoria Histórica colombiano.

¿Por qué no a la paz?

El resultado emanado de la votación popular sobre el acuerdo de paz entre el gobierno de Bogotá y las FARC no hay que entenderlo como un “no” a la paz si no como un “no” a este acuerdo.

Si leemos el documento propuesto por el Alto Comisionado para la Paz denominado: “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” descubrimos algunos detalles que pueden sernos de guía para vislumbrar las razones de la población colombiana a su rechazo.

En su artículo 3.2 el documento establece: “Sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera requiere la reincorporación efectiva de las FARC-EP a la vida social, económica y política del país.” Y continúa: “Respecto a aquellas personas que pertenezcan a organizaciones rebeldes que hayan firmado un acuerdo de paz con el Gobierno quedarán en efecto suspensivo las condenas derivadas de delitos”. Es decir, todos aquellos miembros de las FARC culpables de asesinato, secuestro, violación o cualquiera que sea su delito gozarán a partir de ahora de una amnistía total y más aún, según lo establecido en el apartado de “Reincorporación política” la organización accederá a las facilidades estatales para la creación de su partido político.

Todo esto se traduce en que el militante que hasta ahora se dedicaba a secuestrar y a asesinar puede optar a su sillón en el parlamento colombiano, subvencionado su partido, de manera previa, por el propio gobierno. Si lo extrapolamos a España sería como subvencionar a la organización terrorista ETA y colocar a Javier García Gaztelu, alias Txapote, y a Iranchu Gallastegui, alías Amaia, en el Congreso de los Diputados, ambos condenados por el asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco.

Ayer los colombianos no dijeron “NO” a la paz, dijeron “NO” a la impunidad de aquellos que durante cinco décadas les han tenido bajo el yugo del terror. Curiosamente, las zonas en las que el “SÍ” ganó con mayor claridad fueron aquellas que más han sufrido la violencia del conflicto. La seguridad en aquellos casos prima sobre la justicia. Un grito agónico de “basta ya” que aún tendrá que esperar mientras siguen buscando, y quién sabe si contabilizando, sus muertos.

Acuerdo de paz

Imagen: Portada

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