Derecho de Asilo. Caso, Puigdemont.

JUAN TURANZA

Todo apunta a que el expresidente de la Generalitat ha solicitado, o pretende solicitar, asilo político a las autoridades belgas alegando persecución institucional por parte del gobierno español. No es casualidad que Puigdemont haya optado por viajar a este país justo el día después de que el secretario de Estado de Asilo y Migración belga, Theo Francken, abriera las puertas a este hecho mediante declaraciones públicas. Sin embargo, el primer ministro belga, Charles Michel, se ha desmarcado de tal afirmación sentenciado que “la posibilidad de asilo a Carles Puigdemont no es algo que esté en el orden del día del gobierno belga”.

Aun así, ¿en qué consiste el Derecho de Asilo Político?

La Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, establece en su artículo 14 :

“En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él.”

Algo que posteriormente recuerda la Normativa de Asilo y Apátridas de Naciones Unidas y añade: “que el otorgamiento por un Estado de asilo […], es un acto pacífico y humanitario y que, como tal, no puede ser considerado inamistoso por ningún otro Estado.”

Sin embargo, en la práctica no siempre es así y las relaciones entre Bélgica y España por este asunto es un claro ejemplo.

Desde los años 90, los litigios entre el gobierno español y el belga por la extradición de etarras se han sucedido en varias ocasiones. Con la presión policial cada vez más fuerte en territorios tanto español como francés, numerosos etarras buscaron ocultarse en países como Bélgica donde varios acabaron detenidos pero no todos fueros extraditados.

En 1993, Vilvoorde Luis Moreno y su mujer Raquel García, ambos pertenecientes al comando Vizcaya, fueron detenidos por las autoridades belgas. Su extradición se paralizó en 1996 quedando posteriormente en libertad. Algo parecido ocurrió con Enrique Paguagua, alias “Peixotin”, detenido en el país belga, procedente de Venezuela, quién también quedó en libertad tras ser rechazada la petición de su extradición por parte de España. En el caso de Ricardo Cruz Maiztegui, el gobierno belga aprobó su extradición la cual fue paralizada posteriormente por el Consejo del Estado de este país.

Paul Beaker (segunda linea, derecha), representando en la corte de Bruselas a los etarras Diego Ugarte y Juan López en 2005.

El abogado al que recurrían tales etarras, especializado en derechos humanos, y que conseguía paralizar sus deportaciones a España es Paul Bekaert. Quizás no sea casualidad que se trata del mismo letrado que ha contratado Puigdemont nada más pisar suelo belga.

El expresidente de la Generalitat invoca desesperadamente a las resoluciones de la ONU para salvar su pellejo saliendo de su “estado catalán” por la puerta de atrás tan solo horas después de haberlo proclamado él mismo. Se postra ante la misma organización que garantiza el derecho de autodeterminación de los pueblos que, durante tanto tiempo, él mismo ha apelado. Un derecho del que ha querido hacer uso mediante referéndums fuera de todo control y votaciones parlamentarias en secreto.

Un estado no se puede crear sobre el anonimato de sus precursores.

Mientras en las calles miles de manifestantes, de toda ideología, se parten literalmente la cara ante las fuerzas del estado defendiendo aquellos ideales que sus líderes les han vendido, estos se limpian el miedo con los derechos que ellos mismos han violado en el intento macabro de su propio ejercicio.

Imágenes: Portada   Paul Beaker

Enlaces: Declaración Universal de Derechos Humanos  Normativa de Asilo ONU

 

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